“El Corredor del Mediterráneo es un error de concepto”

Los transportistas internacionales por carretera buscan su encaje en una Europa un tanto caótica a la hora de abordar normativas unitarias y de adaptarse a los cambios que sobre movilidad se están produciendo no solo en Europa; sino en el mundo. Astic, la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, se ha reunido en Barcelona con el objetivo de abordar su problemática, que no es poca. De hecho, Marcos Basante, su presidente, ya ha anunciado que la reacción de la Asociación será “muy beligerante” según las nuevas medidas que se adopten, por ejemplo, en los tiempos de descanso de los conductores.

La sociedad no tiene un buen concepto sobre este sector estratégico, que defiende sus derechos sin ni siquiera contar con un ministerio específico por donde canalizar sus necesidades. Se trata de un sector hiperatomizado donde el 67% de las empresas transportistas -156.488 de las 235.536 contabilizadas a fecha de 1 de febrero de 2016 según el Observatorio del Ministerio de Fomento- están regentadas por autónomos.

El sector del transporte internacional por carretera en España supone el 4% del PIB, aporta 14.000 millones al erario público y emplea directamente a unas 300.000 personas. Europa ingresa 80.000 millones en concepto de peajes

Marcos Basante, el presidente de Astic, se lamenta de la falta de información de la población sobre la importancia del transporte de mercancía y de esa, entre comillas, mala fama de los transportistas. “Si nosotros no le llevamos a tiempo su yogur usted no se lo podría tomar cuando quisiera”, me dice. Sin embargo, una administración poco solidaria, la propia idiosincrasia del trabajo y el sensacionalismo en las pocas noticias sobre estos profesionales -casi siempre centradas en las protestas o los accidentes- llevan a la desinformación.

Los Presupuestos Generales del Estado han ido menguando las inversiones en mejoras de las carreteras hasta acumular un -13%. El gobierno ha destinado 1.913 millones a este menester, mientras al ferrocarril se han destinado 3.056 millones. Además, los transportistas deberán afrontar próximamente, si no consiguen detener la medida, un impuesto por deterioro de infraestructuras, y a todo esto hay que unir la presión que lo lobbies económicos y tecnológicos realizan en la UE.

El sector no solo está atomizado, sino también presionado y acorralado, según Basante, por la fiscalidad, por una regulación diferente en cada administración pública y por la falta de una regulación comunitaria que no obligue a seguir diferentes leyes cada vez que se atraviesa una frontera de la Unión europea.

La falta de voluntad para intentar una colaboración entre el ferrocarril y el transporte te
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