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El ministro de sanidad español, Alfonso Alonso, en una alarde de endémica falta de transparencia, se niega a hacer público el precio que ha acordado con la empresa Gilead para el suministro de los tratamientos de Sovaldi, el medicamento de nueva generación en base al principio activo sofosbuvir. La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C amenaza con querellas y con la denuncia ante Europa de su situación, pero debemos recordar que, en el verano de 2014, la UE rechazó la propuesta francesa de crear una plataforma europea para abaratar el medicamento.
Mientras tanto, y poco se habla de ello, la Hepatitis C, una enfermedad contagiosa que deriva en cirrosis y cáncer de hígado, se ha convertido en un problema de orden mayor en el continente Europeo.
Hablemos de datos.
En el Sur y Este de Europa la enfermedad afecta, aproximadamente, al 5% de la población, reduciéndose su incidencia hasta el 0,5% en los Países Nórdicos. En España casi un millón de personas podría estar afectadas, algunas de ellas sin ser conscientes de ello, pero a pesar de que el “sofosbuvir” se perfila como el principio activo óptimo para combatir hasta en un 90% de los casos al virus, no existe voluntad política a la hora de negociar con una empresa, Gilead, cuyo modelo de negocio radica en la adquisición de pequeños laboratorios con investigaciones innovadoras muy avanzadas y, posteriormente, desarrollar el medicamento y comercializar los tratamientos en cada país a un precio diferente, con unos márgenes de beneficios éticamente intolerables.
Unos intereses económicos, por un lado, y una negligencia y falta de empatía políticas, por otro, que dan como resultado el perjuicio de los ciudadanos. Y en este caso, incluso la muerte de muchos de ellos.
La situación de los afectados de la Hepatitis C, por el momento, parece no tener solución y abre el debate social sobre la auténtica accesibilidad de la sociedad, en general, a los medicamentos de última generación que combaten enfermedades como el cáncer, el VIH o la diabetes, entre otras. La respuesta del gobierno español, con su ministro de sanidad al frente, ha sido, en el caso de la Hepatitis C, la de crear un Comité de Expertos encabezada por Joan Rodés. Un Comité donde casi todos sus miembros están vinculados, de alguna manera, con la empresa Gilead. Un Comité que ahora deberá crear un Plan Estratégico cuyo contenido el ministro ha sido incapaz de definir.
Pero lo cierto es que, al margen de prejuicios e intereses creados a la hora de aplicar soluciones, los gobiernos sí tienen argumentos y mecanismos legales, para conseguir el abaratamiento de los medicamentos cuando existe motivo para ello. Sin ir más lejos y después de los atentados de las Torres Gemelas, ante la alarma social
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