La problemática de la inmigración ilegal experimentó un preocupante aumento del 82% en el año 2023, generando una oleada de irregularidades que ha elevado la tasa de delincuencia en un 20%. Este fenómeno se manifiesta de manera alarmante en Cataluña, donde un 51% de los encarcelados son extranjeros, destacando la urgente necesidad de abordar este desafío.

En los últimos días, se ha observado un constante flujo de inmigrantes en el aeropuerto de Barajas, algunos de los cuales se encuentran hacinados en condiciones inhumanas, rodeados de basura e insectos. Se estima que más de 250 personas han llegado en tales condiciones, y un preocupante número de ellas se ha dado a la fuga, aumentando aún más las preocupaciones sobre la seguridad.

Entre los países de origen de estos inmigrantes se destacan Kenia, Senegal y especialmente Marruecos. A pesar de que inicialmente se consideró un problema puntual, la persistencia de la situación llevó a que el periodista Fernando Grande-Marlaska viajara a Rabat para discutir soluciones con su homólogo marroquí, evidenciando la necesidad de abordar este desafío de manera conjunta.

El municipio madrileño de Alcalá de Henares también está en el epicentro de esta problemática, tras el repentino reparto de inmigrantes ilegales por parte del gobierno. Este proceso, llevado a cabo sin previo aviso, ha generado tensiones y conflictos en la comunidad, exacerbando la inseguridad con incidentes de agresiones sexuales y violentas riñas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien en 2022 criticaba la relación entre delincuencia e inmigración ilegal, ahora se encuentra experimentando de primera mano las consecuencias de la situación en su propia comunidad. Su denuncia de los hechos en Alcalá de Henares evidencia la gravedad del descontrol en el proceso de inmigración irregular, que parece ocultar un negocio lucrativo y una potencial sustitución poblacional.

En este contexto, surge la pregunta sobre por qué no se implementan devoluciones en caliente, considerando que los ilegales no tienen derecho a cruzar fronteras de manera ilícita ni a ingresar a España o la Unión Europea sin seguir los protocolos establecidos. La seguridad de la población es una prioridad, y es crucial abordar la inmigración ilegal de manera responsable sin caer en etiquetas de racismo o xenofobia al condenar las acciones ilegales cometidas por aquellos que han ingresado al país.

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