(Nota de presa Tribunal Constitucional 2-6-2022) El golpe mortal no fue al Gobierno, fue mayor todavía, porque fue al PARLAMENTO. Se declara inconstitucional la modificación del artículo 10 de la ley de Jurisdicción contencioso-administrativa, que se hizo mediante la Ley 30/2020 (https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf ) Esa modificación aprobada por el Parlamento hizo posible que los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA tuvieran que autorizar o no autorizar a los Gobiernos de las CCAA, con carácter previo a la aprobación de todas las normas ilegales dictadas por todas las CCAA. Los Tribunales de justicia no pueden autorizar o no autorizar normas jurídicas, porque sólo pueden aplicar las leyes, no autorizar si se pueden dictar o no leyes autonómicas. Los Tribunales de Justicia no son Órganos consultivos de los Gobiernos de las CCAA. No forman parte del poder ejecutivo (o legislativo), sino del poder judicial. Siendo la modificación de ese artículo 10 inconstitucional, se deriva que todas esas autorizaciones que dieron los Tribunales de Justicia de las CCAA, en cumplimiento de este artículo de esta ley, una vez más, aprobada por el Parlamento, fueron ILEGALES, porque derivaban de una modificación que aprobó el Parlamento, que era INCONSTITUCIONAL. TODAS LAS AUTORIZACIONES DE LOS TRIBUNALES DE JUSTUCIA DE LAS CCAA para la aprobación de Leyes y Reglamentos autonómicos con medidas antiplandemia , restrictivas de derechos fundamentales, FUERON ILEGALES. Y el golpe, como siempre ha sido con más de un año de retraso. El Tribunal Constitucional declaró, lo que era evidente, que era inconstitucional, por la simple razón de que NO SE PUEDE PEDIR RESPONSABILIDAD A LOS DIPUTADOS Y SENADORES QUE VOTARON EN FAVOR DE ESA MODIFICACIÓN, en caso contrario, hubieran desestimado la cuestión de inconstitucionalidad, vamos que hubieran dicho que esa modificación era perfectamente constitucional. LA CLAVE ESTÁ EN ESO: DECLARAN INCONSTITUCIONAL UNA NORMA JURÍDICA, O UN ARTÍCULO DE UNA LEY SOLO CUANDO NO SE PUEDE EXIGIR NINGUNA RESPONSABILIDAD A QUIEN LA DICTÓ, SEA EL GOBIERNO O EL PARLAMENTO. NO EXISTE NINGUNA NORMA JURÍDICA APLICABLE PARA EXIGIRLES RESPONSABILIDAD A LOS DIPUTADOS Y SENADORES (POLÍTICOS) QUE COMETEN ILEGALIDADES DE SEMEJANTE TAMAÑO.

¿Finalmente, cómo será? ¿Con o sin bioterrorismo? ¿Con monos o sin ellos? ¿En los aeropuertos para que la gente deje de viajar? ¿Con o sin bozal? Lo que está claro es lo de las vacunas y que será a nivel mundial