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La propuesta de reforma judicial de Petro, debe ser música para los oídos de los peores criminales de Colombia. El presidente busca evitar una profunda decepción en quienes conforman el Pacto de la Picota. Ellos, y los que siguen delinquiendo en los territorios, deben estar esperanzados en que la cárcel y la justicia punitiva serán parte del pasado.
La propuesta presidencial hay que entenderla en sus justas dimensiones. Eso de evitar la venganza de la sociedad en aras de la verdad, no tiene como propósito favorecer a todos los delincuentes. ¿Qué verdad puede aportar el raponero que se alza con un celular? ¿Cuál verdad entregará el hampón que practica el cosquilleo, o el borracho que termina asesinando a un vecino que le reclamó por la música a todo volumen?
La verdad que le interesa a Petro es la que pueda sepultar algún proyecto político contrario al comunismo. A los criminales y terroristas que puedan entregar alguna versión que apuntale ese propósito, la reforma judicial del presidente los beneficiaría con algún simbolismo estúpido como trabajo comunitario por violaciones, masacres o secuestros, tal y como ocurrirá con los terroristas de las FARC.
Entonces, el malandrín de poca monta terminará con sus huesos en una cárcel, mientras que el asesino en masa, el violador en serie o el ladrón que se robó todos los recursos de una ciudad como Medellín, por ejemplo, dirán cualquier disparate —decía mi abuelo que todo mentiroso es ladrón y bufón— y a cambio recibirán una palmadita en la cola, una recomendación para que no lo vuelvan a hacer y las puertas abiertas para que disfruten de la impunidad que les fue otorgada por Gustavo Petro.
Así las cosas, eso de que la justicia no debe ser vengativa operará para los que digan algo contra los opositores al gobierno Petro, sean verdades como las de Popeye o mentiras como las de Mancuso. La verdad jamás importará: lo fundamental será consolidar la demolición del país, que es la obsesión del presidente.
Es necesario entender que la justicia ha sido concebida como una venganza dosificada, es decir, es el castigo por un comportamiento nocivo contra un individuo o contra la sociedad. Esa vindicación busca reparar en algo, el daño causado. A la viuda del dragoneante Espitia, por ejemplo, quien fue asesinado en Chía en 1983, le debe importar que el autor material del hecho sea castigado y no ocupe algún alto cargo en el Estado.
Lo contrario, es decir, que el terrorista que fue capturado con el arma de dotación del policía sea presidente de la República, es simple y llana impunidad.
Sin embargo, la propuesta Petro busca garantizar que no exista el castigo y que los criminales sigan haciendo de las suyas, pues contarán alguna verdad, o la inventarán, para salir del lío y volver a las calles.
Según Petro, la justicia como venganza solo ha traído ineficacia e impunidad, pues se basa en los medios probatorios y no en las explicaciones del delincuente. En todo el planeta, la justicia está fundamentada, básicamente, en la obtención de pruebas por parte del sistema judicial. De hecho, las afirmaciones de los testigos y de los criminales deben estar soportadas en evidencias y de no ser así, dejan de tener sentido judicial.
Además, eso de que la reivindicación de la víctima es la culpable de los vicios del aparato judicial colombiano es un absurdo de enormes proporciones. Un verdadero estadista arremetería contra la corrupción judicial y trabajaría por recuperar la majestad de la justicia, esa que se perdió desde el holocausto del Palacio de Justicia en 1985.
Asimismo, buscar la eficacia judicial en la confesión del delincuente resulta clasista, pues abre la puerta a los mitos según los cuales los ladrones roban por hambre y necesidad, —no son un oficio de gente que escoge el camino de la ilegalidad—, retornan las falacias de los asesinos que matan por causas psicosociales e incluso reviviría la estupidez de los violadores que abusan de sus víctimas por haber sido rechazados por mujeres hermosas.
Finalmente, Petro asegura que la reforma que plantea tendría un enorme apoyo ciudadano y popular. Se equivoca. La ausencia de reivindicación y de castigo al criminal desemboca en la retaliación y en la justicia por mano propia. La desconfianza de la ciudadanía en los operadores judiciales ha llevado a la proliferación de linchamientos en todo el país.
De hecho, la falta de castigo viene generando una gran ola de indignación que se manifiesta en las redes sociales. Al linchamiento lo llaman paloterapia y a las imágenes de golpizas, asesinatos e incineración de delincuentes las llaman poesía. Con la propuesta de Petro, tales situaciones de justicia callejera aumentarían de manera considerable, lo mismo que las limpiezas sociales y los asesinatos por ajuste de cuentas.
La justicia modelo Petro es la profundización del caos y la renuncia del Estado a imponer la ley y el orden.
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