México tiene una larga tradición de aceptar observadores de acuerdo a las leyes electorales vigentes. Sin embargo, hay un rechazo tajante a una propuesta que hizo un expresidente. El expresidente Felipe Calderón levantó gran polémica en los círculos políticos mexicanos al sugerir que Estados Unidos vigile las elecciones presidenciales en el 2024 ante el argumento de un supuesto golpe a la democracia. Calderón llegó a la presidencia en el 2006 en medio de acusaciones de un presunto fraude electoral. Desde la contabilización de votos de esa elección, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces, candidato del PRD, denunció el fraude y siempre se ha referido a Calderón como presidente espurio. En el poder legislativo, senadores de Morena ven contradicciones en las declaraciones del expresidente panista. En las pasadas elecciones para elegir gobernador en el Estado de México, participaron visitantes extranjeros de 24 países que constataron la calidad, la transparencia y el cuidado que se tiene en los procesos electorales mexicanos. Esto ha ocurrido desde hace décadas. Los senadores rechazaron la observación de un solo país o de un gobierno extranjero, pero sí están de acuerdo con los visitantes extranjeros en elecciones porque siempre existen riesgos. Las elecciones del 2024 por su tamaño, serán las más importantes en la historia de México, por lo tanto, observadores nacionales y visitantes extranjeros tendrán un papel fundamental para dar certeza a ese proceso electoral. Arturo Calvillo, Ciudad de México.

Las autoridades electorales mexicanas decidieron poner reglas para los aspirantes a las precandidaturas presidenciales. El Instituto Nacional Electoral (INI), dio a conocer las reglas para los aspirantes a la precandidatura presidencial de cada coalición partidista. Cada uno de ellos, los seis de la coalición de izquierda “Juntos Haremos Historia” encabezados por Morena y los 12 de los partidos de centro-derecha PRI, PAN y PRD que forman la coalición “Va por México” contarán con 34,3 millones de pesos, equivalentes a casi dos millones de dólares. Es una cantidad significativa, ya que Morena había aprobado una cantidad siete veces menor: 5 millones de pesos. La Fiscalización de los gastos será rigurosa, los partidos políticos deberán presentar un informe de gastos en octubre, solo 30 días después de que designen a su candidato a la presidencia. A mitad de diciembre, el INE publicará quien se excedió en los gastos de campaña. Para los mismos políticos que han hecho campaña, este gasto, mantiene a México como una democracia costosa. A pesar de que en el INE hay consejeros que se opusieron al adelantamiento de las precampañas, prevaleció la idea de poner topes a los gastos de cada candidato desde que comenzó la disputa interna en cada partido. Otro candado que puso el INE para las precampañas a la presidencia es que los recursos particulares serán fiscalizados. Esto significa que los aspirantes no podrán deslindarse de gastos para la pinta de bardas con sus nombres como lo han hecho hasta ahora. Aun con todo y este control, para otros legisladores el gasto de algunos precandidatos es desorbitante. La discusión sobre el costo de la democracia no es nueva. Lo que llama la atención es que durante varias décadas, los partidos políticos no se acostumbran a gastar menos y tener campañas austeras.